La utopía del acceso a la vivienda

Columna de opinión
Por Federico Javier Licciardi
(Secretario de la Juventud Radical en la Comuna 15)

Los argentinos tenemos una particular y aguda destreza de lidiar con la burocracia a la hora de llevar adelante cualquier tipo de transacción, obtener la habilitación de un servicio público o realizar cualquier tipo de reclamo. Esa destreza o entrenamiento suele aplomarse cuando dicha burocracia nos demanda, además, un fuerte desembolso económico. Esta perversa combinación se da cuando el ciudadano de a pie toma la decisión de convertirse en un inquilino, es que los derechos universales son para los ciudadanos de hoy no mucho más que una declaración épica.

La Ciudad de Buenos Aires arrastra como una peste endémica el problema del déficit habitacional que afecta desde los sectores más vulnerables de la población hasta la clase media, especialmente a jóvenes en edad de iniciarse ya en la vida adulta e independiente. Lo claro de todo esto es que en la actualidad la demanda de vivienda está muy por encima de la oferta y que la falta de reversión de esta realidad sólo beneficia al mercado inmobiliario.

A pesar de que no se les está permitido a los agentes cobrar una comisión superior al 4,5% del valor total por dos años de contrato, la Ley N° 2340, que rige el funcionamiento de las inmobiliarias en la ciudad y designa al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) como ente de control, en su artículo 57 indica que “para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión por cobrar al inquilino será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato”. Este 4,15 representa el mes promedio de alquiler. Más claro: para un alquiler de 5 mil pesos, con un ajuste semestral del 15%, con un contrato por 24 meses, el valor de la comisión debería ser de 6.156 pesos. Cobrar dos meses es ilegal.

Los inquilinos de la Ciudad se ven desamparados frente a las altas comisiones y meses por adelantado que deben abonar a las inmobiliarias y a los propietarios, respectivamente. Más aún cuando la duda o mayor consideración previa al desembolso puede causar la pérdida de una oportunidad única, no por su calidad, si no por una simple cuestión de especulación mercantilista y de las frías variables que rigen entre las leyes de oferta y demanda de bienes tan preciados e indispensables. Es necesario que el Gobierno de la Ciudad intervenga haciendo cumplir la ley, fijando los topes claros a las inmobiliarias. El déficit habitacional afecta a una de cada tres familias en Argentina, los alquileres no cesan de aumentar y el crédito hipotecario en la última década no ha superado el 2% del PBI.

Otro de los problemas que también puede sufrir una familia tipo, es la de querer adquirir su vivienda propia, para dejar de pagar y lidiar con inmobiliarias. Este es otros de los flagelos que padecen los porteños. Más allá de los prestamos publicitados por el Gobierno nacional para poder adquirir una vivienda, se necesitan elevados sueldos para poder afrontar las cuotas y un ahorro previo para poder abonar una parte del inmueble, es por eso que el sueño de la casa propia, con estos elevados niveles de inflación, hace cada día más lejano el deseo de ser propietario. Un ejemplo en nuestro querido barrio de Villa Crespo: el metro cuadrado de un departamento usado vale 1900 dólares y aumentó el costo de los departamentos usados aproximadamente en un 35%.

Las señales de alerta provienen desde el año 2010, cuando se realizó el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas:

El 20 por ciento de las viviendas de la Comuna 15 ya estaban deshabitadas. Una penalización coherente debería haberse legislado hace años. El 1,3% de la población que por ese entonces habitaba en asentamientos, como los que se encuentran en Fraga y Warnes (Chacarita), La Carbonilla, Biarritz y Espinosa (en Paternal), o Charlone (en villa Ortúzar), y el 10% de los hogares, sufrían condiciones de hacinamientos (sumando un 0,4% de los casos de hacinamiento crítico).

Contrario a los que muchos podrán suponer, la población de la Capital Federal se ha mantenido estable desde la década de 1940, por lo que la justificación del aumento poblacional no puede entrar en juego de ninguna manera. Por otro lado, los proyectos de urbanización de los asentamientos o relocalización poblacional no se han concretado al día de hoy.

La Carbonilla, ubicada en el barrio de La Paternal junto a las vías del ferrocarril San Martín. Uno de los asentamientos de la Comuna 15.
La Carbonilla, ubicada en el barrio de La Paternal junto a las vías del ferrocarril San Martín. Uno de los asentamientos de la Comuna 15.

El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado debe ser entendido de una manera amplia a partir de su correspondencia con otros derechos humanos elementales. La vivienda, en ese sentido, es un derecho reconocido universalmente y es un requisito necesario para el cumplimiento de la dignidad, la libertad y la justicia social. En virtud de su centralidad en la vida cotidiana de las personas, particularmente en la constitución de los hogares y en el ordenamiento de la vida familiar, es fundamental en los procesos de inclusión social y en la construcción de ciudadanía.

Las dificultades para el acceso a la vivienda se evidencian tanto por la situación de ingresos de los hogares y las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión socio-económica, como así también por el elevado valor del suelo urbano y de los alquileres en el mercado inmobiliario. A esto se le suma la ausencia de políticas públicas activas con una estrategia basada en el desarrollo urbano de una ciudad como Buenos Aires, que les permitan a la sociedad, una familia tipo o un joven que busca independizarse, el poder acceder a una vivienda.

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